Después de más de tres décadas de reformas de la fórmula para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los más de 5.000 jueces de nuestro país, seguimos sin dar con la tecla para lograr el suficiente consenso que permita al fin cambiar la visión de una instancia controvertida y en entredicho de forma constante.
El CGPJ representa uno de los principales órganos del sistema constitucional, que al garantizar la autonomía del Poder Judicial permite su autogobierno. De gran relevancia en nuestro sistema jurídico y político, ostenta entre sus funciones las de nombrar a los diferentes miembros de nuestros Tribunales, entre ellos los Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo, vela por el buen comportamiento de los jueces a través de la Comisión Disciplinaria, con capacidad para imponer sanciones, e informa de ciertos proyectos de Ley del Ejecutivo previo a su paso por el Congreso. Al final, un correcto funcionamiento del CGPJ garantiza el adecuado trabajo de Jueces y Tribunales, por lo que, en suma, su misión es proteger la independencia judicial.
De ahí la trascendencia de su composición y forma de nombramiento de sus miembros, motor del interés de todos los grupos políticos durante todo el período democrático por controlar quienes dirigen el Consejo. Por ello, no es casual que también el Gobierno popular de Mariano Rajoy quiera modificar su régimen, en un inicio con una reforma en profundidad, que ahora prefiere hacer de forma más limitada y pausada, con vistas a lograr el acuerdo con el principal grupo de la oposición.
Nuestra Carta Magna establece que de los 20 vocales que forman el CGPJ, además de su presidente, ocho deben ser elegidos por el Parlamento y los 12 restantes según lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera LOPJ, fechada en 1980 y de la mano del ex presidente Adolfo Suárez, cedía en la práctica la elección de dicha docena a las Asociaciones de jueces del momento. En 1985 Felipe González prefirió que fueran las Cortes las que seleccionaran a la totalidad de los vocales y reformó la Ley, ya que las asociaciones tenían una orientación más conservadora que la del propio voto popular, representado por el Poder Legislativo. Con la Ley de 2001 –vigente en la actualidad-, José María Aznar recuperó en parte el modelo inicial al otorgar cierto mayor poder a las asociaciones de Jueces. Pero este último sistema sigue siendo criticado hoy día por la fuerte influencia de los partidos políticos en el seno del Consejo, que consigue que las cuotas de poder de los partidos en el Parlamento se trasladen al órgano de gobierno del Poder Judicial, independiente y autónomo según la Constitución. Las quejas por la intromisión de los partidos mayoritarios en el terreno judicial es constante, y va más allá del ámbito del CGPJ: “La Audiencia Nacional es algo que ha sido y ya no será, porque hemos perdido la posibilidad de ser algo con la actuación de PP y PSOE”, señala la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Delgado.
Papel significativo de control político es el que también juegan las asociaciones de jueces, que es habitual que utilicen estas vías representativas para actuar en terrenos que no son los propios de una asociación profesional. El pacto de 2001 entre PP y PSOE permitió la hegemonía de las dos asociaciones con mayor apoyo entre la judicatura en España: la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria con 1.400 asociados; y la progresista de Jueces para la Democracia, que no llega a los 600 afiliados. A pesar de que entre ambas no agrupan ni a la mitad de los jueces de carrera, sumaban 11 de los 20 vocales. Para evitar que esto se repita el próximo junio, cuando se inicien los trámites para la renovación del CGPJ, la nueva propuesta busca un menor protagonismo de estas plataformas: se propone que el 40% de los vocales del Consejo no sean asociados ya que es esta misma cifra la de jueces que no pertenecen a ninguna asociación.
Como trasfondo del asunto se encuentra la polémica dimisión del anterior presidente del Consejo, Carlos Divar, por un presunto uso irregular del presupuesto del órgano en viajes que se le reprocha eran privados y de puro ocio. Este comportamiento no es exclusivo y excepcional, sino que se habla en el interior del órgano de gobierno de la semana caribeña para designar los largos fines de semana de los Consejeros a costa de los fondos públicos del Consejo. Esto ha propiciado en alguna ocasión que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuestione lo que para él es un número excesivo de Consejeros para el escaso trabajo que realizan, y que proponga que la mayoría de estos trabajen a tiempo parcial. Así aparece otra de las propuestas estrella que están sobre la mesa de reformas del Gobierno: que sólo cinco vocales, más el presidente, trabajen con dedicación exclusiva y un salario alto, frente al resto, 15, que sólo cobrarían dietas por la asistencia a plenos o a las comisiones encargadas.
Aparte de ello, es muy discutida la forma de elección del presidente del Consejo, a su vez presidente del Tribunal Supremo. Formalmente son los 20 consejeros los que tienen la potestad de elegir al presidente por mayoría, una vez ellos son elegidos; pero en la práctica no sucede así, sino que la elección del presidente es el resultado de una primera negociación en la que el Presidente del Gobierno propone al jefe de la oposición un nombre. Tras esto, ambos grupos políticos mayoritarios se ponen de acuerdo para elegir a los consejeros, a los cueles les indican discretamente en quien han pensado para ocupar la presidencia. Sólo la dimisión de Divar propició por vez primera una elección no forzada desde instancias políticas del presidente del CGPJ.
Está por ver que esta última experiencia constituya un cambio cualitativo en la forma de designación del presidente o un simple paréntesis para una fórmula muy consolidada en nuestro sistema. Así, nos encontramos con un Sistema Judicial fuertemente condicionado por las fuerzas políticas, a las puertas de recibir una nueva reforma cuyo dilema es si las nuevas propuestas para modificar el CGPJ están encaminadas a otorgar más independencia al órgano, o a provocar por otras vías un nuevo control de su funcionamiento por parte de los partidos políticos.
Máster en Periodismo El Mundo.
