Egipto prohibió el lunes la entrada en el país de dos responsables
de la organización Human Rights Watch y del informe que llevaban con ellos. Un
documento que acusa directamente a responsables del actual gobierno y a su
presidente, Abdelfatah Al Sisi, de cometer crímenes contra la humanidad durante
la masacre del 14 de agosto del año pasado en la que murieron, al menos, 1.000
personas.
La mayoría eran manifestantes islamistas
contrarios al derrocamiento de Mohamed Morsi que se encontraban acampados en
las plazas cairotas de Rab'a Al Adauiya, frente a la mezquita, y de Al-Nahda.
Según la Organización, esta es, en la historia reciente, "una de las
mayores matanzas de manifestantes del mundo en un sólo día".
Human Rights Watch considera probado que
"fue una violenta represión planificada en los más altos niveles del
gobierno" contra "manifestantes desarmados" dentro de una
"política de uso letal de la fuerza" contra la población.
Fadi Al Qadi, portavoz de la organización,
asegura que después de un año de investigación hay suficientes evidencias para
afirmar varios puntos: que éstas fueron actuaciones "intencionadas",
"deliberadas", para "matar de forma sistemática a los
manifestantes de las protestas"; que los avisos por parte del Gobierno
para desalojar las plazas no fueron suficientes; y que la policía actuó según
las órdenes de altos mandos de disparar de manera indiscriminada matando
también a mujeres y niños.
Según el informe, las fuerzas de seguridad
"atacaron desde las cinco entradas" de la plaza de Rab'a "sin
dejar ninguna salida segura hasta el final del día". No dejaron salir a
los heridos que requerían atención médica ni a los que buscaban de forma
desesperada cómo escapar. Algunos testigos cuentan que la policía disparaba contra las personas que intentaban salir de allí.
La organización señala a una docena de
responsables sobre los que reclaman una investigación independiente por parte
de la comunidad internacional. Entre ellos están Al Sisi, entonces ministro de
Defensa, Mohamed Ibrahim, ministro del Interior y Medhat Menshaui, el
responsable de las fuerzas especiales de la policía egipcia.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth
Roth, y la máxima responsable para Oriente Medio, Sarah Leah, fueron detenidos
el lunes durante más de 12 horas en el aeropuerto internacional de El Cairo
antes de serles denegada la entrada en el país, donde tenían previsto presentar
el informe que se ha hecho público este martes.
Publicado el 12 de agosto de 2014 en Cadena Ser
Foto: Human Rights Watch
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Y tú qué opinas?