Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional no tener constancia de pagos en B en el PP. Los ex secretarios generales del PP, que han declarado durante unas dos horas cada uno en calidad de testigos, no han reconocido ninguno de los apuntes que les afectan en los 'papeles' del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.
En sus comparecencias ante el instructor de la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, sí han admitido que desde la dirección del partido y desde la Secretaría General no existía ningún control en cuanto al cumplimiento de la Ley Electoral y de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Es decir, han declarado que no supervisaban la identidad de los donantes, ni se verificaba si éstos eran contratistas o no de la Administración Pública. Tampoco había una supervisión de la cuantía anual de las donaciones, que no podía exceder los 60.000 euros. Ambos han coincidido en señalar que esas comprobaciones eran responsabilidad del tesorero y no suya.
Álvarez-Cascos ha reconocido que entre abril de 1990 y diciembre de 1993 ejerció de hecho como tesorero, aunque de ese periodo ha asegurado que apenas recuerda nada.
En su última declaración, Bárcenas atribuyó a Cascos cobros de 10.000 euros todos los meses durante los años 1994, 1995 y 1996 para "compensar los gastos ocasionados por dedicación al partido", cantidad a la que habría que añadir los 4.000 euros que percibía cada mes como diputado. En total, Cascos habría sido beneficiario de sobresueldos por un total de 412.390 euros. Parte de este dinero lo habría percibido, según la declaración del ex tesorero, durante su etapa de ministro de Fomento, lo que vulneraría la Ley de Incompatibilidades.
También constan entregas suyas entre 1994 y 1996 por un total de 47 millones de pesetas, dinero que, según Bárcenas, "eso son personas que visitaban al señor Álvarez-Cascos".
Cascos ha respondido a las preguntas del juez por espacio de dos horas. Llegó minutos después de las 11.00 horas a la Audiencia Nacional, solo y caminando. A su llegada ha sido increpado por un grupo de afectados por las preferentes que le han lanzado cuartillas. Cascos no ha rehuido ese recibimiento y llegó a la Audiencia Nacional después de recorrer a pie y a paso lento los más de cien metros que separan el Paseo de Recoletos y la calle Prim.
Tras su declaración, Cascos ha abandonado el edificio protegido por la Policía, que le acompañó hasta el coche que le esperaba. Durante los casi 50 metros que separan la sede judicial del Paseo de Recoletos, Cascos fue caminando despacio en silencio, escuchando las decenas de preguntas que le formulaban los periodistas pero sin hacerles ni el menor gesto.
Arenas admite dos reuniones
Tras la comparecencia de Cascos, a las 15.30 horas, comenzó el turno de Javier Arenas, quien ha admitido ante el juez Ruz que en marzo de 2010 participó en Génova en una reunión en la que estuvieron presentes el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Arenas ha coincidido con la declaración del ex tesorero en que en aquella ocasión se le garantizó un despacho en la sede madrileña del partido y un coche con conductor, pero no recuerda que se hablase de ningún sueldo ni de comisiones ilegales.
Además, el político andaluz también ha admitido una reunión celebrada con Bárcenas en el restaurante Oriza de Sevilla en diciembre de 2012, aunque ha señalado que se produjo en términos amistosos.
Arenas llegó a la Audiencia Nacional minutos antes de las 12.30 horas. El dirigente andaluz también fue recibido con abucheos e insultos por parte del grupo de 'preferentistas'. A su llegada arreciaron los gritos de "chorizo" y "sinvergüenza". Llegó en coche acompañado de un hombre y una mujer y tras salir del vehículo entró en el tribunal rápido y sin mirar a los medios.
Una de las cuestiones a las que habrá que tenido que hacer frente Arenas es la referida a lo dicho por Bárcenas sobre que fue él, personalmente, quien le pidió en marzo de 2010 que entregara aMariano Rajoy 4.900 euros que quedaban de remanente tras la liquidación de la caja donde se guardaban las donaciones recibidas por el partido. "Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer", declaró Bárcenas que le dijo el político andaluz.
No obstante, Bárcenas sostuvo que Arenas nunca vio los papeles de la supuesta contabilidad B porque a esa documentación sólo tuvieron acceso él y su antecesor en la Tesorería del PP, el también imputado Álvaro Lapuerta.
Ortiz y Páez
La jornada de comparecencias se inició poco después de las 10.00 horas con la llegada a la Audiencia Nacional del empleado de caja del PP Antonio Ortiz, quien respondió durante alrededor de una hora a las preguntas del juez y negó haber tenido conocimiento del pago de sobresueldos en el PP con dinero procedente de una contabilidad B. Tras comparecer abandonó la Audiencia y se fue en coche.
Antonio Ortiz es el segundo trabajador del partido con esta responsabilidad que declara en la Audiencia Nacional después de el que el pasado 23 de mayo lo hiciera Luis Molero, quien aseguró que Bárcenas le llegó a entregar hasta ocho paquetes de dinero en efectivo en un solo día para que los ingresara, de forma consecutiva, en la cuenta de donativos anónimos de la formación.
Las acusaciones sospechan que con este procedimiento los responsables de las finanzas 'populares' troceaban personalmente las donaciones anónimas para que nunca superaran el límite legal establecido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos -de 60.000 euros hasta 2007 y de 100.000 a partir de ese año- y, de esta forma, burlar a Hacienda.
Por su parte, Cristóbal Páez, que fue quien sucedió a Bárcenas en la gerencia cuando el ex senador 'popular' ascendió a tesorero, ha reconocido ante el juez que cobró los 12.000 euros que figuran a su nombre en los apuntes conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Paéz ha estado declarando durante algo más de dos horas ante el juez Pablo Ruz, entre las 11.15 horas y las 13.25, lo que ha retrasado sustancialmente los interrogatorios posteriores.
Bloqueo de cuentas en EEUU
Al margen de las tomas de declaración, el juez de Pablo Ruz ha ordenado ampliar la comisión rogatoria que remitió en su día EEUUcon el objetivo de bloquear los saldos que la sociedad TMQ Capital, que vincula a Luis Bárcenas, tiene en el HSBC de Nueva York e identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja, propiedad del que también fuera responsable financero del partido Ángel Sanchís.
Antes de entrar a la sala, el juez Pablo Ruz ha requisado los teléfonos móviles y las tabletas a los abogados que participan en los interrogatorios después del incidente que ocurrió en la declaración de Luis Bárcenas del pasado 15 de julio, cuyo contenido se fue desvelando a través de una cuenta de Twitter vinculada a una de las acusaciones.
A tal efecto, el secretario del juzgado les ha repartido unas bolsitas de plástico, han informado fuentes jurídicas. Podrán acceder a sus dispositivos de forma puntual en el caso de que tuvieran que utilizar su tableta por contener en ella documentos de los que precisen durante su interrogatorio.
Pese a que la Fiscalía sólo había dado su 'plácet' para la declaración de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, que está citada el miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justificó que se llamara a sus antecesores en el cargo por considerar sus testimonios "pertinentes, útiles y necesarios" en atención a su responsabilidad en la Secretaría General de la formación "durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos".
Tras su ingreso en la prisión de Soto del Real, durante su declaración ante el juez del pasado 15 de julio, y cambiando radicalmente de estrategia frente a comparecencias anteriores, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció la contabilidad B e insistió en que dichas cuentas y el cobro de sobresueldos eran práctica general que conocían los diferentes secretarios y subsecretarios del partido, que eran además de los cargos fijos que se beneficiaban de estas supuestas compensaciones salariales en B.
Ruz concretaba en su auto de citación que aunque los cargos de Arenas y Álvarez-Cascos se corresponden con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, cree que pueden aportar "datos relevantes" para la investigación en curso.
El magistrado ha venido delimitando en sus últimos autos la investigación a los delitos fiscales que pudieran haberse cometido a partir del ejercicio 2007 y los cometidos contra la administración pública, como cohecho y otros, desde el año 2002 en adelante.
Ruz ha cumplido así con el calendario de citaciones que fijó a finales del pasado mes de julio.
Publicado el 13 de agosto de 2013 en ElMundo.es
junto a Joaquín Manso.
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